El Instituto de Actuarios Españoles ha elegido su nueva Junta de Gobierno para la legislatura 2024-2028, que será presidida por Fernando Ariza Rodríguez.
Fernando Ariza, quien lideró la única candidatura que concurrió a este proceso electoral, es doctor en Economía Financiera, Actuarial y Matemática por la UCM, licenciado en Ciencias Económicas y en Ciencias Actuariales por la UCM, y PADE por IESE.
En la actualidad es director general adjunto de Mutualidad, que compatibiliza con otras responsabilidades tales como consejero de Avanza Previsión, director de la Escuela de Pensamiento de Fundación Mutualidad de la Abogacía, miembro del Consejo Asesor y del tribunal de tesis del MCAF de la UC3M, profesor de la UB, y miembro del Comité Internacional de Pensiones y Previsión Social de ESIP.
La nueva Junta de Gobierno del Instituto de Actuarios Españoles la componen Fernando Ariza Rodríguez (presidente), José Gabriel Puche de la Horra (vicepresidente), Ramón Nadal de Dios (secretario general), Aitor Milner Resel (tesorero), Rafael Moreno Ruiz, Mercedes Ayuso Gutiérrez, Clara Isabel González, Joaquín Benavides López, Iratxe Galdeano Larisgoitia, Cristina Martínez García y Silvia Moreno Rubio (vocales), y acompañados por Sonia Latorre Aznar y Rubén Nova Rebanales como vocales suplentes.
Destaca de este nuevo órgano de gobierno la representación paritaria de mujeres y hombres, así como la diversidad también entendida en términos de experiencia, generacional, y áreas de práctica actuarial e industrias representadas.
Fernando Ariza, señaló en nombre de toda la Junta de Gobierno su “agradecimiento a todos los actuarios por la confianza en este equipo humano”, añadiendo que “nuestro gran propósito será el de contribuir desde la ciencia actuarial a dar respuesta a los grandes retos que tenemos las sociedades del Siglo XXI tales como la nueva longevidad, los retos tecnológicos y digitales, el cambio climático o la lucha contra las desigualdades, de tal manera que seamos una profesión clave para articular y equilibrar una sociedad más sostenible e inclusiva y donde se consiga reducir el gap de protección de todos los ciudadanos y en especial el de los más vulnerables”.